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El pasado jueves 3 de noviembre, el Programa de Contaduría Pública llevó a cabo un conversatorio, en el que se abordaron los mitos y las verdades de la nueva Reforma Tributaria, allí se resolvieron inquietudes de la mano de docentes y estudiantes Uniagustinianos.

A continuación, un resumen del encuentro.

De acuerdo con los cálculos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se trata de un impuesto simplificado y con una tarifa reducida que, además, inscribirá de manera automática a los contribuyentes (personas naturales que ya declaran) a una caja de compensación familiar y al programa de ahorro voluntario pensional conocido como Beps (Beneficio económico periódico), con el cual el Gobierno apoya al cotizante en su aporte para el aseguramiento en la vejez.

A través de este Ministerio también se aclaró sobre la declaración de renta y se dijo que deberán hacerla las personas que ganen desde $2.750.0000 pesos mensuales, hay que tener en cuenta que antes lo hacían solo quienes devengaban $3.400.000 pesos mensuales.

Con esta reforma más de medio millón de personas declararán renta a partir del próximo año.

Algunos de los puntos más polémicos están relacionados con el posible aumento del IVA.

También habrá un aumento del impuesto para las gaseosas y bebidas edulcorantes y un IVA del 5 por ciento para viviendas de más de 800 millones de pesos. Además, un impuesto verde para la gasolina para desincentivar su uso.

El impuesto al consumo de tabaco es $701,06 peso por cajetilla de 20 cigarrillos; la propuesta consiste en elevar la tarifa en el primer año. También habrá IVA a computadores de más de un millón de pesos y a tablets y celulares de más de 650 mil pesos, así como a planes de datos. Por su parte, los medicamentos no tendrán este impuesto.

El texto propone que quienes oculten bienes o se inventen deudas para evadir impuestos a partir de 5 millones de pesos serán sancionados con entre 48 y 108 meses de cárcel (4 y 9 años).

 

La iniciativa propone además sancionar con una multa del 20 por ciento a los evasores. El proyecto aclara que quienes antes de ser acusados corrijan su declaración y paguen los impuestos correspondientes no serán sancionados.

Uno de los puntos que más expectativa causó fue el de gravar a las iglesias, fundaciones y cooperativas de empleados. Sin embargo, éstas no pagarán renta, siempre y cuando demuestren ante la DIAN que hacen una función meritoria.

El Gobierno aspira a recaudar en 2017, 4 billones de pesos adicionales y en 2018, 8 billones de pesos.

Esta reforma es el proyecto más ambicioso del segundo periodo del presidente Juan Manuel Santos, después del Proceso de Paz.

¿Para qué una reforma tributaria?

La urgencia del Gobierno Nacional en sacar adelante esta reforma tiene dos explicaciones. La primera es la situación fiscal ocasionada por los bajos precios y la baja producción de petróleo en el país. El ‘hueco’ fiscal es de unos 20 billones de pesos en las finanzas públicas.

Por esta misma razón, el Presupuesto General de la Nación fue reducido en 5 billones de pesos, equivalentes al 0,6 por ciento del Producto Interno Bruto. Además, el FMI ajustó la previsión de crecimiento del país para este año 0,3 puntos porcentuales a la baja, hasta 2,7 por ciento.

El segundo aspecto es la calificación de las calificadoras crediticias. La nota del país en esta materia es ‘BBB’, pero estas entidades están atentas a las medidas fiscales que se tomen para revisar la calificación. Un reajuste podría significar mayores intereses para el país a nivel internacional. El objetivo del Gobierno es mantener la calificación.

El objetivo principal de este proyecto es reducir la evasión de impuestos y reformar el eje tributario, es decir, la base de personas naturales y jurídicas que están obligadas a pagar impuestos de distinta naturaleza.

El proyecto de reforma tributaria venía retrasado ya que el Gobierno decidió no presentarlo mientras adelantaba la campaña del plebiscito para refrendar los acuerdos de La Habana con las Farc. Sin embargo, el triunfo del ‘No’ en la refrendación dejó al Ejecutivo ante la necesidad de adelantar el proyecto.